Lo que enunciaré en esta breve nota no es un sin sentido gramatical. Lo advierto porque para muchos, el Gobierno y el Estado son la misma cosa. Los colombianos nos hemos criado con una comodidad política que asombra por su indolencia, así que la participación en los cambios estructurales de nuestro modo de vivir, en apariencia no nos resuelve nada. Así hemos vivido desde la republicanización de la nación y, al parecer, nada cambiará.
Con atención hemos seguido el interés de los ICreativos, que desde Bogotá, pretenden remover las fibras sensibles de los directamente implicados en la producción de contenidos audiovisuales, a fin de liberar de la burocracia y la corrupción la televisión conocida como pública en Colombia. Su intención es, más que sana o necesaria, absolutamente pertinente. Ellos, pretenden que la Nueva Ley de Televisión sea una Ley ajustada a las necesidades de un contexto industrial para hacer de este servicio un bien. Allí, comenzamos a excluirnos los televidentes. Si la discusión se enfoca hacia las maneras como debe reformularse el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, entonces seguiremos replicando la fórmula de mostrar un aparente interés social cuando en realidad buscamos asegurar nuestro influjo patrimonial. Pensar en sociedad significa pensar el conjunto de dinámicas que envuelven el fenómeno televisivo en su totalidad, de tal manera que su efecto en el mercado redunde en un incremento patrimonial total en términos socioculturales. Lastimosamente, en Colombia, siempre hará trámite sencillo la acción de mostrarse ungido de preocupaciones por un país, en un discurso donde el ciudadano (el verdaderamente usurpado y no el de la colección de comunicaciones de la editorial Norma) es medio y no motivo.
Una verdadera Ley de Televisión debe eliminar el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y nuestro argumento es simple: es el mismo Fondo que garantiza la producción de contenidos audiovisuales sin consumo y que promueve y aplaude la pálida tesis de “no importa que no nos vean”. Es simple, la televisión pública es una industria subsidiada sin un enfoque práctico de relevancia y pertinencia, el simple hecho de no regirse por los estatutos del rating, la hace carente de competitividad. Así es, reza por ahí el dicho de muchos Gerentes de canal público: no nos importa la cantidad de televidentes, sabemos que los nuestros son televidentes de calidad.
Ese predicado ha promovido una aceptación lógica porque no existe reflexión en ningún sentido, lógica o aun ilógica. Somos, como dice sabiamente Mary Douglas, ahorradores de energía cognitiva porque “es más sencillo que los esquemas y las dinámicas institucionales se repitan desde sus tradiciones y costumbres operativas, ya que cambiar el rumbo predeterminado exige mayores competencias que complejizan el pensamiento y podrían no cumplir con las expectativas generadas”.
Insistimos, la burocracia en la administración de recursos públicos ha hecho daño en su manera de configurar el servicio, pero es inmarcesible mientras exista un discurso que sustente su intrascendencia. En el fondo, a los únicos que debe preocupar el Fondo, es a la agremiación de canales regionales, quienes usan los recursos del mismo para programas que permiten la suspicacia de su uso en aras del interés público, social, educativo y cultural.
Reiteramos, mientras no exista una política de Estado, la política del “cacique” de gobierno hará mella, incluso en la reflexión.
Mauricio Velásquez
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